CCOO y UGT convocan una huelga general de 24 horas el 11 de noviembre por la vivienda y los salarios

El Mundo y El Progreso de Lugo informan este 8 de octubre de la fecha de la movilización, que en el anuncio inicial estaba pendiente de concretarse con las organizaciones sociales. La convocatoria mantiene la vinculación entre las demandas laborales y el acceso a la vivienda: los sindicatos reclaman ingresos que permitan cubrir este bien básico y medidas de las administraciones competentes.

Para quienes decidan secundar el paro, la participación tiene consecuencias económicas. Según explica El Progreso de Lugo, durante la jornada de huelga se suspende el contrato, no se percibe el salario correspondiente y no se cotiza a la Seguridad Social. El medio recoge también la explicación de especialistas de Legálitas de que participar en una huelga legal no puede ser, por sí solo, motivo de sanción, despido o represalia empresarial.

El derecho a participar convive con la libertad de trabajar de quienes no se sumen, recuerda El Mundo. Este diario señala que la convocatoria nacional deberá registrarse ante el Ministerio de Trabajo al menos diez días antes de su celebración y que después se fijarán los servicios mínimos. En los servicios esenciales, estos determinarán las prestaciones que deberán mantenerse durante el paro.

El acuerdo inicial de CCOO y UGT se difundió en un comunicado recogido por Europa Press el 5 de octubre, cuando estaba pendiente de ratificación interna. Las nuevas informaciones coinciden en el 11 de noviembre como fecha del paro, aunque difieren sobre el día del llamamiento: El Mundo lo sitúa el 7 de octubre y El Progreso lo atribuye al lunes 5.

La movilización se planteó después de que el Congreso rechazara los reales decretos-leyes sobre vivienda. Las centrales decidieron sumar las demandas laborales a las protestas sociales, en coordinación con movimientos de inquilinos y asociaciones vecinales. En materia salarial, mantienen como referencia sus propuestas para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con incrementos de entre el 4% y el 7% y cláusulas de revisión. Son reivindicaciones para la negociación, no subidas ya acordadas.

En vivienda, las peticiones incluyen un pacto social, la limitación de los alquileres y un parque público de vivienda protegida de carácter permanente. También reclaman la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios. A las organizaciones empresariales les piden desbloquear la negociación colectiva; a las administraciones con competencias en vivienda, aplicar la legislación.

La convocatoria ha recibido el rechazo de otras organizaciones. Según El Mundo, CEOE y Cepyme la cuestionan por considerarla una herramienta de presión política, mientras que CSIF ha anunciado que no la secundará al no verla directamente relacionada con las condiciones laborales. CCOO y UGT, por su parte, encuadran la protesta en sus propuestas de negociación colectiva y en su decálogo sobre vivienda.