CCOO y UGT piden subir el salario mínimo un 7% en 2027, hasta los 1.306,5 euros

Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, han presentado su petición este martes, 13 de octubre, en una rueda de prensa conjunta. Según El Mundo, el aumento situaría el salario mínimo en 1.306,5 euros mensuales, frente a los 1.221 actuales. La Vanguardia recoge que ambos dirigentes acordaron el porcentaje esa misma mañana y lo anunciaron públicamente antes de trasladarlo al Ministerio de Trabajo o a la patronal.

La reclamación afecta al mínimo salarial legal, no supone una subida automática del conjunto de los sueldos. Los sindicatos plantean por separado aumentos de entre el 4% y el 7%, según el sector, para los salarios de convenio. Esa propuesta se enmarca en la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que, según las organizaciones sindicales citadas por El Mundo, lleva un año bloqueada por la negativa de la CEOE a negociar incrementos salariales.

Para justificar el 7% del SMI, CCOO y UGT sostienen que la inflación acumulada durante 2026 ha generado un desfase de alrededor del 2% respecto al incremento del 3,1% aplicado este año. El Mundo recoge, por otro lado, previsiones de inflación media de entre el 3,6% y el 3,9% para 2026. Los sindicatos defienden su petición como una forma de compensar la pérdida de poder adquisitivo.

El siguiente paso será la recomendación del comité de expertos y la negociación en el diálogo social. Las informaciones difieren al concretar el calendario: La Vanguardia sitúa la entrega de la propuesta a finales de octubre y El Mundo señala como límite el 2 de noviembre. Ambos medios coinciden en que el Gobierno quiere acelerar el proceso para aprobar el aumento antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las demandas salariales acompañan a la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre, centrada en la vivienda. Los dirigentes sindicales argumentan que el encarecimiento de esta absorbe las mejoras de sueldo y defienden por ello la dimensión laboral de la protesta. Entre las medidas que proponen, según El Mundo, figuran invertir en vivienda pública a precios asequibles, endurecer la regulación de los pisos turísticos y prohibir la compra y acumulación de viviendas por fondos que denominan buitre.