Ceder no es abdicar

La parcela tiene un valor catastral de 1,5 millones de euros, que no es el presupuesto de construcción. El expediente limita su destino a un centro multifuncional de atención primaria para mayores dependientes de Valdemoro. El suelo público no sale gratis. Cambiar de administración propietaria no borra su valor ni el coste de renunciar a otros usos. La cesión se defiende por su utilidad para los vecinos, no por el prestigio de la institución receptora. No es un regalo entre administraciones: es una decisión sobre patrimonio ajeno a quienes lo administran.

El acuerdo aún debe pasar por información pública antes de ser definitivo y de la firma con la Comunidad de Madrid. Ese trámite debe permitir discutir la decisión, no limitarse a acompañarla. Escuchar alegaciones obliga a dar razones; despacharlas como una molestia vaciaría de sentido la participación. El respaldo al proyecto no convierte la fiscalización en sabotaje, ni la discrepancia concede razón por sí sola. Una mayoría puede decidir el destino del patrimonio municipal. No puede confundir esa facultad con un derecho de propiedad.

Atender juntos a padres e hijos ofrece continuidad familiar, pero no debe consagrar una única forma de vivir. Una política liberal de cuidados vale por la autonomía que amplía, no por las decisiones que ahorra a la Administración. Ayudar no es decidir por otro. Proteger el vínculo familiar exige respetar también la voluntad de cada persona. La plaza residencial debe responder a necesidades reales, no convertirse en el molde de vidas distintas. Quien necesita apoyo no deja por ello de tener preferencias, voluntad y una vida propia.

Tampoco la humanidad del servicio lo coloca fuera de la contabilidad. Ahorrar a costa de una atención digna sería inaceptable; gastar sin comparar costes y resultados, también. La austeridad no justifica el abandono, y la generosidad no se acredita con un presupuesto abultado. Lo exigible es prestar bien el servicio. Su titularidad, pública o privada, no demuestra por sí sola su calidad. Defender una fórmula antes de juzgar su funcionamiento es poner la comodidad ideológica por delante de las personas. Ni gastar más garantiza cuidar mejor ni gastar menos demuestra eficiencia.

Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid merecen indulgencia por atender una necesidad legítima. Cuidar obliga. No absuelve.