El 40% no basta

Ese 40% se calcula sobre quienes superen la formación, no sobre todos los que la inicien. No es un matiz: el umbral no mide el recorrido completo de quienes buscan trabajo. Un diploma no es una nómina. Aprender tiene valor aunque no desemboque en una contratación inmediata. Pero ese valor no concede una absolución automática a cualquier curso pagado por el contribuyente. Certificar conocimientos y ampliar oportunidades no son la misma cosa.

Es sensato que las empresas definan las capacidades que necesitan; lo contrario sería formar de espaldas al trabajo. Pero de esa ventaja no nace un derecho a que el contribuyente pague la preparación de su plantilla. La iniciativa privada merece libertad, no privilegios. Si la empresa recibe trabajadores preparados para su actividad, la ayuda debe aportar algo más que un alivio a sus cuentas. La necesidad empresarial no basta para convertir un coste propio en una obligación de todos.

La convocatoria está abierta a empresas con al menos un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid, incluidas las de Valdemoro que cumplan los requisitos. Poder solicitarla no resuelve la cuestión de fondo: también cuenta quien forma y contrata sin subvención. Respetar la competencia exige no confundir una ayuda legal con una ventaja justificada. Un expediente en regla acredita el cumplimiento de requisitos; no demuestra por sí solo la utilidad de la política ni agota la responsabilidad de quien la impulsa.

A la Comunidad hay que exigirle lo mismo que al Ayuntamiento o al Gobierno: resultados proporcionados al coste. Ningún sello administrativo rebaja esa exigencia. Gastar todo no significa gastar bien. Ejecutar un presupuesto no prueba que hayan mejorado las oportunidades de empleo. El poder debe responder por lo que consigue con el dinero que administra, no pedir reconocimiento por haberlo distribuido. La maquinaria de las subvenciones no puede ser su propia razón de existir.

El desempleado no es la coartada de una transferencia ni una casilla que completar. Su autonomía importa más que el éxito administrativo de la convocatoria. El criterio liberal no consiste en rechazar toda ayuda ni en celebrarla porque llegue a una empresa: consiste en exigir que reduzca la dependencia y amplíe la capacidad real de ganarse la vida. Si no acerca a esa libertad, no basta con que el procedimiento funcione.

La ayuda no es el éxito.