Interurbanos en segunda fila

No hay que igualar todos los mínimos para tratar con rigor a los viajeros. Las necesidades cuentan: el 90% previsto para el traslado de personas con discapacidad y movilidad reducida demuestra que la regulación distingue situaciones. Pero distinguir exige justificar la diferencia. Fuera de la hora punta, Metro y los interurbanos tienen mínimos del 50% y del 45%; en las franjas de mayor demanda, la distancia se dispara. La brecha crece justo cuando más importa el servicio. Esa elección necesita una explicación proporcionada, no la mera publicación de los porcentajes.

CCOO considera abusivos los servicios mínimos. Su rechazo abarca Metro, los autobuses interurbanos y otros servicios con garantías distintas: la descalificación general no demuestra que cada una de ellas sea excesiva. El derecho de huelga merece protección; la libertad de no secundarla, también. Defender a las plantillas no basta para acreditar el abuso, igual que invocar al usuario no legitima cualquier restricción del derecho a parar. El equilibrio se argumenta, no se proclama. Ni la Administración ni el sindicato pueden dar por resuelta esa discusión con una etiqueta.

El sindicato acierta, en cambio, al pedir al Consorcio Regional de Transportes que los vehículos que circulen lleven carteles visibles que los identifiquen como servicios mínimos. Es una reclamación concreta y útil: permite reconocer qué autobuses prestan el servicio garantizado. La información ayuda al ciudadano a decidir, mientras que la disputa de adjetivos no le ofrece esa orientación. Respaldar esta petición no obliga a aceptar el rechazo general de CCOO. Atiende al viajero sin cuestionar el ejercicio de la huelga.

La responsabilidad principal sigue siendo de la Comunidad, que fija las condiciones y responde por ellas. Publicar una cifra no convierte su elección en justa ni su ejecución en eficaz. La exigencia liberal no consiste en pedir que la Administración haga más de todo, sino en reclamar que cumpla bien lo que regula y preserve la capacidad de elegir. La proporción de servicio garantizado también debe someterse a ese examen, gobierne quien gobierne. El transporte previsto para esa jornada no es un favor del poder al pasajero.

El servicio mínimo no puede convertirse en responsabilidad mínima.