La C-3, fracaso sin excusas

El Ministerio de Transportes fijó para Cercanías servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% durante el resto del día. Los mínimos no pueden ser una garantía de papel. Un porcentaje aprobado no transporta a nadie. No hace falta inventar una infracción de los maquinistas para reconocer el fracaso de la prestación. Tampoco cabe oponer una disposición administrativa a la experiencia del pasajero como si el documento importara más que el viaje. La garantía se mide por su cumplimiento, no por su redacción.

Semaf atribuye la convocatoria al incumplimiento de compromisos sobre seguridad ferroviaria. Esa reclamación exige respuestas verificables, no un acto de fe en el sindicato ni una descalificación de sus razones. La seguridad no es negociable; la gestión sí es fiscalizable. Una reivindicación puede ser legítima y su efecto sobre el usuario, inaceptable. El conflicto laboral no borra la obligación de organizar el servicio. Tampoco autoriza a presentar seguridad y movilidad como bienes entre los que el ciudadano deba escoger. El ferrocarril tiene que ofrecer ambas.

Para quien necesita llegar al trabajo, abrir un negocio o cumplir una cita, el transporte es la posibilidad de gobernar su propia vida. La libertad también necesita un tren que llegue. No todos disponen de otra manera de viajar, y la calidad del servicio no puede medirse como si la tuvieran. Convertir la adaptación del pasajero en respuesta suficiente confunde su resistencia con la eficacia del operador. El tiempo del vecino no es un recurso gratuito ni su capacidad de improvisación descarga de responsabilidad a las instituciones.

Defender un Estado limitado es exigir eficacia en las funciones que asume, no concederle una excusa para fallar en ellas. El contribuyente que utiliza el tren no pide un favor ni tiene por qué tomar partido en el conflicto para reclamar que funcione. Su exigencia de resultados no depende de que simpatice con una empresa, con un sindicato o con un Gobierno. Ninguna lealtad política debe comprar indulgencia.

Renfe no merece un trato de favor por ser pública, como un operador privado tampoco lo merecería por su titularidad. La neutralidad partidista consiste en aplicar la misma vara, no en repartir disculpas hasta que nadie responda. El juicio político debe empezar por el servicio que recibe el ciudadano, no por las siglas de quien lo administra. Las excusas no transportan.