La calle no se cede

Un Estado limitado no es un Estado ausente. Proteger a las personas y hacer cumplir la ley son obligaciones básicas, no excusas para ocupar sus vidas. Esa exigencia alcanza al Ayuntamiento y a las demás administraciones competentes. La seguridad merece prioridad en el uso del dinero público, no un puesto de honor en los discursos. Gobernar es elegir dónde se ponen los recursos. El presupuesto compromete; las declaraciones solemnes, por sí solas, no protegen.

Un ataque no convierte a Valdemoro en una ciudad sin ley. Pero tampoco hace falta acreditar una escalada delictiva para exigir una respuesta eficaz. El alarmismo deforma lo ocurrido; la minimización deja intacta su gravedad. Las personas agredidas no tienen que esperar a engrosar una estadística para merecer protección. El rigor impide exagerar el alcance de un episodio, no sirve de coartada para rebajar la exigencia de esclarecerlo y aplicar la ley.

La Guardia Civil investiga lo ocurrido con ayuda de la grabación realizada por un vecino. Esa aportación tiene valor porque puede contribuir a esclarecer los hechos. La colaboración vecinal no sustituye a la autoridad pública. Una cámara particular puede aportar pruebas, pero no asumir la obligación de garantizar la seguridad. Agradecer el compromiso ciudadano es justo; descargar sobre él una responsabilidad pública sería una renuncia. Los vecinos pueden ayudar, no tienen que convertirse en su propio servicio de protección.

Exigir firmeza tampoco es entregar un cheque en blanco al poder. Investigar con rigor, atribuir responsabilidades individuales y respetar la presunción de inocencia forman parte de una misma obligación. No son concesiones que debiliten la respuesta. La firmeza se mide también por sus límites. Tratar a cualquiera como sospechoso no haría más libre la calle: añadiría arbitrariedad a la inseguridad. La ley merece ese nombre cuando protege frente a la violencia y limita a quien tiene autoridad para combatirla.

La salida tampoco consiste en pedir a las posibles víctimas que desaparezcan de la calle. La prudencia personal es legítima; convertirla en política de seguridad sería trasladar la carga a quien debe ser protegido. Cambiar voluntariamente de hábitos es ejercer la libertad. Organizar la vida alrededor del temor es perderla en parte. A las administraciones hay que exigirles protección con garantías, no resignación a los ciudadanos. La calle no pertenece al más violento.