Lo barato no basta

El contribuyente no paga para que gane una cifra: paga por una infraestructura que funcione. El precio mínimo no garantiza el gasto mínimo. La calidad técnica importa porque una mala elección puede costar más que el descuento que la hizo atractiva. Pero tampoco basta con invocarla para bendecir cualquier sobreprecio. La austeridad exige comparar utilidad y coste, no arrodillarse ante la casilla más baja ni ante la puntuación más alta.

La competencia empresarial no es una subasta de rebajas ni un salvoconducto para la Administración. Su valor consiste en ofrecer alternativas y permitir una elección con reglas claras. El Estado no necesita fabricar cada solución; sí necesita saber qué compra y responder por ello. Contratar fuera no permite abdicar dentro. El criterio debe sostenerse aunque cambie el nombre del candidato. Ni la marca exime de cumplir ni el poder público queda dispensado de exigir.

Preparar el tramo para la futura implantación del ERTMS Nivel 2 no es tenerlo instalado. Esa es la actuación prevista, y ese debe ser el límite de lo que se anuncie. Confundir preparación con puesta en servicio convierte una inversión en propaganda. El futuro no puede contabilizarse como una prestación presente. La credibilidad se pierde cuando el lenguaje corre más que la obra; se gana diciendo exactamente qué se contrata.

La máxima valoración técnica respalda una propuesta, no certifica una ejecución. La competencia selecciona; el resultado acredita. Cerrar el expediente no cierra la responsabilidad de quien administra dinero ajeno. La empresa deberá responder por lo que entregue y Adif por lo que acepte. No hay contradicción entre reconocer el criterio de compra y exigir después lo comprometido. Lo contrario sería convertir un juicio favorable sobre la elección en una dispensa para quienes deben responder.

El dinero público sale del trabajo y de la actividad de otros. Esa procedencia impide tratar cada millón comprometido como una medalla política. Gastar menos no siempre es gestionar mejor; gastar más tampoco demuestra ambición. La exigencia liberal no consiste en aplaudir al proveedor privado ni en desconfiar por sistema de toda compra pública, sino en reclamar utilidad sin despilfarro. Aquí merece apoyo el criterio, no una absolución anticipada del comprador.

Elegir con criterio merece respaldo, no un cheque en blanco. El acierto no se cobra por adelantado.