Suelo para cuidar sin separar

Las necesidades asistenciales no borran los vínculos personales. La residencia contempla espacios compartidos y actividades para favorecer la autonomía y mantener un proyecto de vida común. Su valor no está solo en alojar a dos generaciones, sino en permitirles recibir apoyos sin renunciar a convivir. Cuidar no consiste en separar por categorías administrativas. Una política social liberal amplía las opciones de las personas; no decide por ellas cómo deben vivir.

La colaboración público-privada prevista para el Plan Residencias 40-40, en el que se integra este centro, merece el mismo criterio: juzgarla por el servicio, no por la etiqueta. La Administración no necesita construir y gestionar por sí sola cada respuesta asistencial, pero sí exigir obligaciones comprobables. La colaboración privada no rebaja la responsabilidad pública. Ni la titularidad pública garantiza una buena atención ni la participación empresarial constituye un defecto. Lo decisivo es la atención que recibe cada residente.

El respaldo al proyecto tampoco debe confundir la inversión regional con el compromiso local. Los aproximadamente 500 millones de euros previstos corresponden al conjunto del programa, no a esta residencia. No permiten saber cuánto costará el centro ni qué capacidad tendrá. Y el suelo municipal es patrimonio público: dedicarlo a este fin significa renunciar a otros. La utilidad social justifica la cesión, pero no convierte el recurso en gratuito ni exime de aprovecharlo bien.

El acceso decidirá buena parte de esa utilidad. El programa regional establece al menos un 40% de plazas públicas y contempla el cheque servicio para las privadas. Son condiciones generales del plan, no una distribución concreta anunciada para Valdemoro. Ampliar la oferta no basta si las familias no pueden acceder a ella. La combinación de plazas públicas y apoyo a la elección privada merece ser juzgada por las posibilidades reales que abra, no únicamente por el número de plazas que se anuncie.

El acierto inicial no concede por adelantado el mérito de la ejecución. El acuerdo municipal permite destinar el terreno al proyecto; atender a las familias será la prueba de su utilidad. Ese es el criterio para exigir cuentas al Ayuntamiento y a la Comunidad, gobierne quien gobierne. El respaldo a una buena decisión no es un cheque en blanco. Ceder suelo no es todavía cuidar.