Valdemoro no es daño colateral

Para quien organiza su jornada alrededor de un tren, la movilidad no es una disputa sectorial: es poder aceptar un empleo, abrir un negocio o llegar a una cita. El tiempo del vecino también cuenta. Pedirle que busque alternativas puede ser un consejo útil; ofrecerle eso como respuesta institucional es cargarle un problema que no puede resolver. No tiene por qué convertirse en especialista en contingencias para hacer algo tan elemental como organizar su día. La incertidumbre tampoco debe convertirse en una tarea doméstica más.

La huelga puede alterar el servicio; negarlo sería vaciarla de contenido. Pero reconocer ese derecho no convierte cualquier perjuicio al viajero en aceptable. El derecho a parar no borra la obligación de gestionar. Renfe sigue siendo responsable del servicio durante el conflicto, no solo cuando resulta sencillo prestarlo. La legitimidad de una reivindicación no resuelve por sí sola la cuestión de la proporcionalidad. Proteger al usuario no exige negar derechos laborales; reconocer esos derechos tampoco exige pedir resignación al usuario. Esa falsa elección solo sirve para eludir responsabilidades.

El Ministerio de Transportes fijará los servicios mínimos. De ellos y del desarrollo de cada jornada dependerá la oferta de noviembre. Su responsabilidad no termina al dictar una resolución: debe proteger una movilidad razonable sin convertir los mínimos en una prohibición encubierta de la huelga. Un porcentaje sobre el papel no organiza ninguna mañana si no se traduce en información comprensible sobre el servicio disponible. La transparencia no consiste en remitir al vecino a una sucesión de avisos y dejarle el trabajo de descifrarlos. Debe reducir la incertidumbre, no repartirla.

A Renfe hay que exigirle servicio, no destreza para explicar el conflicto. Una resolución no es un tren. Cumplir formalmente y atender al viajero no son sinónimos, como tampoco lo son sostener una estructura y sostener una prestación útil. La exigencia con el dinero público empieza ahí: en lo que recibe el ciudadano, no en la mera continuidad de la organización que lo administra. Un Estado eficaz no convierte al usuario en gestor gratuito de sus contingencias. Ni el Ministerio ni Renfe pueden medir su gestión solo por los documentos que aprueban o los mensajes que difunden.

El vecino no está para salvarle la gestión a Renfe.