El adelanto electoral frena las leyes sobre violencia vicaria, menores en redes y asilo

El adelanto electoral afecta a normas en distintas fases: algunas habían superado votaciones en el Congreso, mientras otras solo contaban con una primera aprobación del Consejo de Ministros o seguían como borradores. Entre las materias pendientes figuran la protección de las víctimas de violencia, las ayudas a las familias, el acceso de menores a las redes sociales y la adaptación de la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.

La Ley de Violencia Vicaria había superado su primer examen en el Congreso el 30 de septiembre. El texto contemplaba una agravante de género para esta violencia, la retirada automática de la patria potestad a padres condenados por maltrato y la prohibición de que los condenados por violencia vicaria hablasen del crimen durante un máximo de 20 años. Estas medidas formaban parte del proyecto, que no llegará a completar su tramitación.

También quedan pendientes la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, a la espera de una segunda aprobación del Consejo de Ministros, y la norma para castigar las prácticas de conversión LGTBI, que ya había pasado por el Congreso y estaba en el Senado. La reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto tampoco saldrá adelante.

En el ámbito familiar, decaerá la Ley de Familias, cuya tramitación estaba detenida en el Congreso. La prestación universal por crianza, impulsada por Sumar, tampoco saldrá adelante por la falta de Presupuestos Generales del Estado. Por su parte, la Ley de Servicios Sociales que el ministro Pablo Bustinduy había asumido como objetivo no había vuelto a pasar por el Consejo de Ministros.

El proyecto de protección de menores en entornos digitales estaba en fase de ponencia en el Congreso y tenía como objetivo principal restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Queda pendiente además la reforma de la ley de protección de la infancia frente a la violencia, aprobada en primera vuelta en mayo, que contemplaba garantizar la escucha al menor y el alejamiento de progenitores acusados de maltrato.

Tampoco verán la luz las iniciativas sobre familias acogedoras y juventud. Esta última se encontraba en negociación entre los socios del Gobierno e incluía entre sus propuestas el voto desde los 16 años. En migración, quedan pendientes la nueva Ley de Asilo y la reforma de Extranjería, dos anteproyectos aprobados en primera vuelta para adaptarse al pacto europeo.

La situación es distinta para el decreto ley que establece el reparto obligatorio de menores no acompañados en situaciones de contingencia migratoria. Aunque se tramita como proyecto de ley en el Congreso, ya fue convalidado y seguirá vigente en los términos publicados. El Ejecutivo también estudiaba otro decreto para acelerar las solicitudes de asilo en Ceuta.