El CNI sostiene ante la Audiencia Nacional que Marruecos conocía las convocatorias para entrar en Ceuta en julio

El informe, entregado esta semana a la Audiencia Nacional, forma parte de las diligencias que dirige la jueza María Tardón. Según El Mundo y La Vanguardia, que han accedido al documento, el CNI considera que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad marroquíes conocían tanto los llamamientos difundidos por redes sociales como el aumento de personas en las proximidades de la frontera durante los días anteriores.

El CNI señala que Marruecos reforzó el 29 de julio la presencia de sus Fuerzas Auxiliares cerca del dique fronterizo entre Ceuta y Castillejos, según recoge El Mundo. Sin embargo, considera que los controles fueron insuficientes y que no hubo una reacción operativa ante la pérdida de control. La Vanguardia añade que el informe atribuye esa insuficiencia a la prioridad que las autoridades marroquíes dieron a la seguridad de las celebraciones de la Fiesta del Trono en el Palacio de Rincón.

La documentación también reconstruye los contactos entre el oficial del CNI en Ceuta y el jefe de gabinete del entonces delegado del Gobierno. Según la Cadena SER, la primera de las cuatro llamadas detalladas tuvo lugar el 8 de julio. En ella se abordó el crecimiento de población observado en Castillejos durante el verano y el consiguiente riesgo de entradas irregulares.

Otra conversación se produjo el 29 de julio, a las 21.34 horas, y duró once minutos. De acuerdo con la SER, el jefe de gabinete trasladó al CNI que el Gobierno había alcanzado un acuerdo con Marruecos para devolver a quienes estaban entrando, después de haberse superado la capacidad de acogida. También comunicó la intención de declarar el nivel 3 de contingencia de Protección Civil.

En ese intercambio, el oficial del CNI insistió en la presencia de personas que pretendían cruzar desde Castillejos. El Mundo recoge que, ante las dudas del jefe de gabinete sobre una convocatoria con 180.000 usuarios en redes, el agente advirtió de que una participación de solo el 10 % supondría 18.000 posibles entradas. Se trataba de una estimación del riesgo, no de un recuento de personas que hubieran cruzado.

Según El Mundo, los analistas elaboraron el informe con documentación desclasificada por el Consejo de Ministros, y cualquier nueva desclasificación requiere su aprobación. La información aportada permite a la investigación judicial examinar las alertas previas y las comunicaciones institucionales anteriores a la entrada masiva de julio.