El Comité de Huelga médico aplaza los paros indefinidos previstos desde el 28 de octubre

La decisión corresponde al comité formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME). Según el comunicado recogido por Europa Press, el cambio de escenario político lleva a estas organizaciones a posponer las jornadas que debían comenzar el 28 de octubre, sin dar por cerrado el conflicto sobre la negociación del Estatuto Marco.

Los sindicatos sostienen que, hasta que se forme un nuevo Ejecutivo, no habrá un interlocutor con capacidad para negociar una regulación propia para médicos y facultativos. Con ese argumento, consideran que mantener los paros indefinidos exigiría un esfuerzo al colectivo sin disponer de una vía política efectiva para lograr sus objetivos.

El comité interpreta que la convocatoria electoral hace decaer el actual proyecto de Estatuto Marco. En su lectura, la disolución de las Cortes interrumpe la tramitación legislativa y obliga a comenzar de nuevo si la próxima Cámara decide recuperarlo. Las organizaciones atribuyen a la presión de los profesionales el freno a la propuesta del Ministerio de Sanidad, que, según afirman, el ministerio y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobada desde hace año y medio.

Las reivindicaciones se mantienen: una regulación diferenciada para el colectivo, un espacio específico de negociación, cambios que pongan fin a las guardias obligatorias, condiciones de jubilación vinculadas a la carga laboral y una clasificación profesional que refleje su formación y responsabilidad. Estas son las exigencias que el comité prevé trasladar al Gobierno que salga de las urnas.

El siguiente paso anunciado es continuar los contactos con los grupos políticos y reclamar compromisos concretos. El comité pide a todos los partidos que definan en sus programas su posición sobre estas demandas. Para los médicos y facultativos convocados, el cambio comunicado afecta al inicio previsto de los paros, pero no supone la retirada de la convocatoria: las organizaciones advierten de que podrán retomarlos si el próximo Ejecutivo no responde.