El Consejo de Estado aprueba por unanimidad su dictamen sobre el decreto de centros de datos

La unanimidad se refiere a la aprobación del dictamen, no necesariamente a un respaldo al texto del Gobierno. Según La Vanguardia, al cierre de su información no se conocía si el órgano consultivo avalaba los requisitos propuestos o recomendaba modificarlos. Su pronunciamiento no es vinculante. El Mundo señala que el expediente quedó despachado el viernes, en lugar del jueves, cuando se habían resuelto los demás asuntos de la sesión ordinaria.

El proyecto establece exigencias de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos. Entre las obligaciones que recoge El Mundo figuran el consumo de energías renovables, la correlación horaria y la eficiencia. La patronal Spain DC había solicitado que se suavizaran algunos requisitos del último borrador, según La Vanguardia, por las dificultades que el sector atribuye a su cumplimiento.

Una de las controversias se centra en que el Gobierno no recurrió al mecanismo europeo TRIS. Este procedimiento permite a Bruselas examinar durante tres meses determinados proyectos normativos para evaluar su incidencia sobre el mercado interior. Según El Mundo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia consideró en su informe que debía utilizarse, especialmente por las disposiciones sobre soberanía tecnológica. El mismo diario informa de que la Comisión Europea recordó al Ejecutivo sus obligaciones de consulta.

La Vanguardia recoge además objeciones del sector a la tramitación urgente y a los cambios introducidos después de la audiencia pública. Entre ellos sitúa la vinculación de un régimen transitorio a la participación en el mecanismo de flexibilidad SRAP, que permitiría a Red Eléctrica decidir la desconexión de estas instalaciones de la red con escaso preaviso.

Las empresas promotoras y operadoras son las directamente afectadas por las futuras exigencias. Los medios ofrecen cifras distintas sobre las inversiones anunciadas: La Vanguardia las sitúa en 67.000 millones de euros y El Mundo habla de casi 70.000 millones. Ambos recogen advertencias sobre el riesgo para esos proyectos, pero no informan de una retirada de inversiones ya materializada.

El siguiente paso corresponde al Consejo de Ministros. El Mundo apunta a una posible aprobación el próximo martes, sin presentarla como una decisión confirmada, y contempla recursos de empresas agrupadas en Spain DC y de gobiernos autonómicos como Madrid y Aragón. La Vanguardia también anticipa impugnaciones si el Ejecutivo mantiene los requisitos cuestionados por el sector.