El despacho de Garzón pide al Supremo anular la suspensión del voto a nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La petición llega después de que el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión acordada por el Supremo. Según recoge Europa Press, ILOCAD representa de forma gratuita a tres afectados y solicita una respuesta urgente del alto tribunal por considerar que las medidas vulneran sus derechos fundamentales.

El escrito sitúa en primer lugar el derecho a la participación política. El despacho sostiene que la suspensión del sufragio activo está excluida del ordenamiento jurídico desde 1995 y argumenta que, antes de esa fecha, solo podía imponerse mediante una sentencia penal firme, de manera individual y justificada. Esa es la interpretación jurídica con la que los abogados fundamentan su solicitud de nulidad.

La reclamación también cuestiona el trato diferente entre quienes figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y quienes no están inscritos en él. Según ILOCAD, la suspensión afecta a personas inscritas en ese censo que adquirieron la nacionalidad por la vía vinculada al exilio durante la Guerra Civil y el franquismo, pero no a otras nacionalizadas por la misma vía que no constan en el CERA. El despacho considera que esa diferencia vulnera el derecho a la igualdad.

Otro de los argumentos se refiere a la tutela judicial efectiva. Los abogados denuncian que los afectados no pudieron intervenir antes de que quedaran confirmadas las medidas cautelares, pese a que la Abogacía del Estado había solicitado que fueran llamados al procedimiento. Sostienen que la posibilidad de presentar alegaciones llegó cuando estas ya no podían modificar la decisión por el cauce procesal ordinario.

Según Noticias de Navarra, el despacho presentó el miércoles anterior al comunicado los escritos de personación de los tres ciudadanos, sobre los que el Supremo debe pronunciarse. ILOCAD cuestiona además la competencia del tribunal para adoptar la suspensión y su relación con el objeto del procedimiento principal.

La solicitud pide que el Supremo reconozca la vulneración de los derechos de los tres representados. El despacho sostiene que sus argumentos son extensibles a miles de afectados. En unas alegaciones provisionales anteriores ya había reclamado tanto la nulidad de las medidas como una indemnización por los daños que atribuye a la suspensión.