El Gobierno anuncia 45 millones para crear cerca de 2.000 plazas en residencias universitarias públicas

La inversión busca facilitar el alojamiento de quienes tienen que trasladarse para cursar sus estudios. Según el anuncio recogido por ABC, los siete proyectos permitirán crear cerca de 2.000 plazas en una primera fase en universidades públicas de distintas partes de España. Sánchez presentó la medida en el Palacio de la Moncloa, tras participar en la firma de la declaración sobre el proyecto del nuevo estatuto con representantes universitarios.

Según Público, el reparto previsto destina 13,36 millones de euros a la Universidad Autónoma de Madrid; 8,19 millones al campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha; 6,5 millones a la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla; y 5,94 millones a la Universidad de Burgos. Completan la relación la Universitat Jaume I de Castelló, con 4,45 millones; la Universidad de Jaén, con 3,56 millones; y el Ayuntamiento de Lleida, con 2,97 millones.

Público explica que el decreto de vivienda universitaria está orientado a impulsar alojamientos a precios asequibles para estudiantes y profesorado, mediante proyectos cuya preparación ya estaba avanzada. El anuncio responde al problema que supone el coste de la vivienda para acceder a estudios lejos del domicilio habitual. La aprobación de la financiación está prevista para el martes; las plazas anunciadas corresponden a la primera fase de desarrollo de los proyectos.

En esa misma reunión, el Gobierno prevé aprobar el Estatuto del Estudiantado Universitario, que actualizará el de 2010. La reforma aborda la compatibilidad de los estudios con el empleo y los cuidados, la representación del alumnado, la protección de datos y la desconexión digital. Según Público, el texto ha sido consensuado con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y organizaciones de rectores y representantes estudiantiles.

Entre las medidas del proyecto sometido a consulta pública en abril, detalladas por 20minutos, figura la obligación de que las universidades elaboren planes generales de conciliación. Ese proyecto establece al menos dos convocatorias de examen por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria, y contempla cambios de fecha por motivos como enfermedad, cuidado de dependientes, fallecimiento o enfermedad grave de familiares y coincidencia con otras pruebas académicas.

El proyecto también refuerza las adaptaciones para estudiantes con discapacidad y necesidades educativas, prohíbe el uso fraudulento o inapropiado de inteligencia artificial en evaluaciones y trabajos, y reconoce el derecho al paro académico. En materia de becas, plantea tener en cuenta el coste del alojamiento de quienes hayan cambiado de residencia. Estas previsiones forman parte de la reforma pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.