El Gobierno entrega al Supremo 163.355 nombres de la ‘ley de nietos’ para revisar sus efectos en el censo

La documentación llegó a la Sala Tercera del Tribunal Supremo antes de las 15.00 horas, cuando vencía el requerimiento dirigido a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares, según ABC y La Vanguardia. El tribunal había advertido de multas y de un posible traslado de los hechos a la jurisdicción penal si persistía el incumplimiento. ESdiario añade que Exteriores remitió también la relación al Instituto Nacional de Estadística y a la Junta Electoral Central.

El listado contiene 901 expedientes con acreditación del vínculo con el exilio, de acuerdo con La Vanguardia y ESdiario. La Vanguardia señala que esos nacionalizados previsiblemente podrán votar el 29 de noviembre. No obstante, como precisa ESdiario, la cifra recoge las certificaciones comunicadas por el Gobierno: no permite concluir que el resto carezca de ascendientes exiliados ni constituye el resultado definitivo de todas las comprobaciones.

El conflicto afecta al acceso a la nacionalidad mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y su instrucción de desarrollo. Según explica La Vanguardia, esa instrucción reconocía una presunción de exilio que permitió tramitar nacionalizaciones sin acreditar el vínculo familiar con un exiliado formalmente reconocido. ABC recoge la posición de Justicia, que sostiene que los requisitos y procedimientos eran equivalentes a los aplicados tras la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Las medidas cautelares se dictaron el 10 de septiembre de 2026. Frente al reproche de inactividad del Supremo, el Ejecutivo defiende que comenzó entonces a recabar la información. Según ABC, Exteriores envió instrucciones a los consulados el 15 de septiembre y autorizó apoyos técnicos para revisar los expedientes. Justicia remitió el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral una primera relación de 76.600 personas inscritas en el Registro Civil digital.

La Abogacía del Estado ha solicitado que el listado sea declarado reservado por contener datos personales sensibles. Según las fuentes gubernamentales citadas por los tres medios, la petición busca impedir un uso indebido de esa información por las partes del procedimiento. Se trata de una solicitud al tribunal, no de una reserva ya acordada.

La entrega no resuelve por sí sola la situación electoral de todos los incluidos. Según ABC, el Supremo permite la reincorporación al censo de quienes cuenten con un certificado consular que acredite una nacionalización conforme a los requisitos legales. El listado tampoco equivale a 163.355 votantes: Justicia señala que incluye menores y personas fallecidas.