Bolaños pide al Supremo resolver antes del 29-N y advierte de un «censo alterado» por la suspensión ligada a la ley de nietos

Bolaños ha situado en 400.000 las personas que quedarían privadas del voto, durante un diálogo con el periodista Juanma Lamet en unas jornadas sobre la Guerra Civil celebradas en Sevilla. El ministro ha planteado el riesgo de que el tribunal rechace la demanda después de las elecciones, cuando los afectados ya no puedan participar. También ha descartado que el Gobierno busque el desbloqueo a través de la Diputación Permanente del Congreso.

Estas declaraciones se suman a la petición de la Abogacía del Estado para que el Supremo estime el recurso de reposición presentado en septiembre y revoque las medidas cautelares. Los servicios jurídicos del Gobierno sostienen que resulta materialmente imposible revisar los expedientes antes del 12 de octubre, cuando el censo debe estar disponible para consulta. Como explicó La Vanguardia, levantar la cautelar no supondría terminar el procedimiento judicial.

La medida de la Sala Tercera suspende los efectos electorales de las inscripciones afectadas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hasta que haya sentencia. Según la información de EFE publicada por El Español, afecta a personas nacionalizadas mediante la instrucción que desarrolla la conocida como ley de nietos y que no acrediten el exilio. La controversia se centra en su participación electoral mientras continúa el litigio.

El escrito de la Abogacía añade una referencia al calendario: el censo aplicable a estas elecciones es el cerrado a 1 de agosto de 2026, conforme al artículo 39.1 de la legislación electoral. Según recoge El Español, los servicios jurídicos sostienen que ese censo debe estar disponible el próximo lunes, 12 de octubre, para su consulta y la presentación de reclamaciones.

La dificultad técnica sigue siendo la identificación de los afectados. El Registro de Matrícula Consular no permite distinguir automáticamente quién obtuvo la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática y quién lo hizo por otra vía. Es necesario comprobar manualmente las anotaciones de cada expediente mientras se desarrolla una adaptación informática. La Abogacía había situado el 1 de enero de 2027 como horizonte para completar la certificación y advierte del riesgo de privación del derecho de sufragio.

Las cifras difundidas difieren: los 400.000 mencionados ahora por Bolaños no coinciden con los 168.896 electores potencialmente afectados recogidos anteriormente por El Mundo ni con los más de 163.000 señalados por La Vanguardia. Este último diario también informó de otras medidas solicitadas por Vox que podrían ampliar el alcance a más de 364.000 electores.

Según El Español, la Abogacía rechaza por exceder lo permitido por la ley la ampliación de la suspensión solicitada por Vox. El partido también ha pedido que el Supremo declare expresamente su aplicación al 29-N y ordene medidas a la Junta Electoral Central. Por su parte, Iustitia Europa ha solicitado identificar de inmediato a los afectados, según El Mundo.

El siguiente hito es la consulta del censo desde el 12 de octubre. Conforme al artículo 39.2 citado en el escrito, ayuntamientos y consulados deben disponer de él durante ocho días. En ese periodo, cualquier persona puede presentar una reclamación sobre sus datos censales. La decisión sobre el levantamiento de la suspensión corresponde al Supremo.