El Gobierno plantea cinco años de adaptación para los centros de datos y una excepción para el suministro solar

La excepción para la fotovoltaica se incorpora a los cambios del proyecto remitido al Consejo de Estado el 26 de octubre. Según El Mundo, que cita fuentes del sector, el envío se ha realizado con carácter urgente para intentar aprobar la norma antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La salvedad permitiría a los promotores recurrir a plantas solares de cualquier antigüedad, siempre que estas no tuvieran firmado un contrato de compra de electricidad a largo plazo —conocido como PPA— cuando entre en vigor el decreto.

Esta posibilidad se suma a la ampliación general del margen de antigüedad de las instalaciones renovables que podrán respaldar el consumo de los centros de datos. ABC, elDiario.es y El Mundo recogen que ese margen pasa de 18 a 36 meses respecto a la puesta en marcha del centro. Según elDiario.es, los contratos deberán durar al menos seis años, frente a los diez previstos inicialmente, y también podrá computarse electricidad almacenada si procede de fuentes renovables.

El Gobierno ha revisado la propuesta tras analizar las alegaciones y recibir el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El umbral de potencia de las instalaciones sujetas a las exigencias pasa de 1 a 10 megavatios. La regla general seguirá siendo acreditar que el 80% de la electricidad consumida en cada hora está respaldada por generación renovable, mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo. Como alternativa, se contempla un periodo transitorio de hasta cinco años desde la entrada en vigor.

Según elDiario.es, los centros que elijan esa adaptación deberán justificar un 60% de consumo renovable únicamente en las horas punta correspondientes a su nivel de tensión hasta el 31 de diciembre de 2028. Después, y hasta el final del periodo transitorio, la proporción aumentará al 70% y se aplicará tanto en horas punta como en horas llano. Son condiciones previstas en el proyecto, no obligaciones que estén ya en vigor.

A cambio, esas instalaciones deberán participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia, gestionado por Red Eléctrica de España. El mecanismo permitirá desconectarlas automáticamente ante problemas en la red, sin retribución por el corte, y serán el primer tipo de instalaciones en ser desconectadas. El Mundo añade que el operador podrá ordenar que reduzcan su carga a cero ante una contingencia. El Gobierno sostiene que los operadores tendrán que evaluar si sus baterías y sistemas de respaldo son suficientes para funcionar bajo estas condiciones.

El nuevo borrador también amplía de tres a cinco los tramos de recargos por incumplimiento y eleva las penalizaciones para las desviaciones mayores. La regulación afecta directamente a los promotores y operadores de centros de datos, cuyas condiciones de suministro y adaptación dependerán del texto que finalmente se apruebe.

Para el resto de consumidores, el objetivo declarado del Ejecutivo es evitar que esta nueva demanda encarezca la electricidad o reduzca el margen de cobertura del sistema; el proyecto no supone una rebaja anunciada del recibo. El siguiente paso es el dictamen del Consejo de Estado, previo a la aprobación que el Gobierno pretende llevar al Consejo de Ministros antes de las elecciones.