El Supremo mantiene la restricción del voto por la ley de nietos y enfrenta al Gobierno y al PP

La resolución, conocida el lunes 12 de octubre, desestima el recurso de la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar. Según La Vanguardia, la medida mantiene suspendidos los efectos censales de unas 163.000 personas que ya han obtenido la nacionalidad española. Europa Press señala que los nacionalizados por esta vía no podrán votar en las próximas elecciones generales salvo que acrediten que sus antepasados sufrieron exilio.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, confirmó el martes, tras el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo acata la resolución, aunque considera que plantea una situación de extraordinaria gravedad. “En una democracia el derecho al voto se garantiza, no se restringe”, afirmó, según recoge La Vanguardia. Pedro Sánchez había reclamado el domingo al Supremo que permitiera votar a los descendientes del exilio franquista nacionalizados por esta vía.

La aplicación de la decisión plantea dificultades para los consulados, según fuentes del Ejecutivo citadas por El País. Estas explican que el censo no distingue entre quienes adquirieron la nacionalidad mediante la ley de nietos y quienes lo hicieron por otras vías. La Vanguardia añade que la comprobación exigiría acreditar individualmente si los afectados estaban censados antes del 1 de agosto y si son hijos o nietos de exiliados.

Alberto Núñez Feijóo respaldó el martes la decisión en una entrevista en esRadio recogida por Europa Press. “No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo”, sostuvo. El líder del PP defendió conceder la nacionalidad a los descendientes de exiliados, pero criticó que una instrucción hubiera ampliado, a su juicio, ese derecho más allá de lo previsto en la ley. También anunció que su partido tendrá interventores y apoderados en todas las mesas el 29 de noviembre.

Las posiciones sobre el proceso electoral son opuestas. Según La Vanguardia, fuentes de la Moncloa acusan al PP y a Vox de trasladar incertidumbre sobre las elecciones y califican esa estrategia de “trumpismo”. Feijóo, por su parte, presenta la actuación de su partido como una vigilancia frente a posibles irregularidades, según Europa Press.

La Abogacía del Estado continúa estudiando la situación. Según La Vanguardia, fuentes gubernamentales consideran que los propios afectados podrían emprender acciones individuales o colectivas y contemplan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El País también sitúa en los ciudadanos afectados, y no en el Gobierno, la posibilidad de acudir a ese tribunal.