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Diario de Valdemoro

España

El Supremo mantiene la suspensión cautelar del voto vinculada a la ley de nietos y el Gobierno estudia recurrir

El Tribunal Supremo mantuvo el 12 de octubre la medida cautelar que limita la participación electoral de parte de los nacionalizados por la llamada ley de nietos ante las generales del 29 de noviembre. El Gobierno estudiará la posibilidad de acudir al Constitucional, mientras representantes de los españoles en el exterior advierten de dificultades para aplicar la decisión.

Redacción automática · Diario de Valdemoro

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(Cadena SER · Portada)
Imagen ilustrativa: Urna electoral transparente junto a sobres y papeletas sobre una mesa, sin personas ni datos personales visibles.
Imagen ilustrativa generada con IA

Según Europa Press, el Supremo rechazó el recurso del Ejecutivo para levantar la suspensión cautelar. La medida afecta a quienes hayan sido incorporados al censo en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, salvo que acrediten ser descendientes de exiliados. La información de Servimedia publicada por El Mundo precisa que la resolución impide la inscripción electoral de los descendientes que no puedan acreditar que el exilio de sus familiares respondió a motivos políticos.

El Gobierno encargará a la Abogacía General del Estado estudiar si puede recurrir ante el Tribunal Constitucional o si esa vía corresponde únicamente a los afectados, según explicó un miembro del Ejecutivo a Europa Press durante la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real. Ese análisis incluye determinar el carácter definitivo de la suspensión cautelar a efectos de un eventual recurso.

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso, trasladó a la Cadena SER su preocupación por la aplicación de la medida. Según explicó, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no identifica la vía por la que cada inscrito obtuvo la nacionalidad española, lo que dificultaría distinguir a los afectados. Su advertencia de que los problemas podrían extenderse a otros electores es una valoración sobre ese riesgo, no una ampliación confirmada de la suspensión.

Las cifras citadas difieren: Alonso situó en unas 163.000 las personas teóricamente afectadas, mientras que Pedro Sánchez habló de 400.000 españoles antes de conocerse la decisión, según Europa Press. La SER recoge además que el CERA reúne a más de 2,7 millones de personas, entre el 7% y el 8% del censo total. Esa cifra corresponde al conjunto de inscritos en el exterior, no a quienes quedan sujetos a la medida.

En el plano político, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, acusó al PP y a Vox de buscar la exclusión electoral de descendientes de exiliados, según la información publicada por El Mundo. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo defendió, antes del fallo y según Europa Press, que la ley reconoce el voto a los nietos de exiliados, pero no a quienes no descienden de ellos.

La controversia se produce ante las elecciones generales del 29 de noviembre. El siguiente paso anunciado por el Ejecutivo es estudiar la vía constitucional; todavía no se ha anunciado la presentación de ese recurso. Alonso también cuestionó que la medida afecte únicamente a residentes fuera de España y advirtió de la incertidumbre que genera entre ese colectivo.

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