El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados y el Gobierno estudia acudir al Constitucional

La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó la petición de la Abogacía del Estado por cinco votos frente a uno, según informa El Mundo. Aunque reconoció que la convocatoria electoral justificaba revisar la medida, mantuvo que persiste el riesgo de una composición irregular del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La suspensión se había acordado un mes antes a petición de Iustitia Europa y Vox.

El tribunal reprocha a la Administración que no haya aportado datos para comprobar el cumplimiento de aquella orden. La Abogacía había alegado que la proximidad de los comicios hacía casi imposible ejecutarla, pero los magistrados rechazaron ese argumento al considerar que la responsabilidad de cumplirla corresponde a la propia Administración. Según recoge El Español, el Supremo sitúa las garantías del censo por encima del interés particular de los ciudadanos afectados.

La medida afecta al voto, no a la nacionalidad de estas personas. Según El Mundo, alcanza a quienes accedieron a la nacionalidad por la vía del exilio acogiéndose a la interpretación del Ministerio de Justicia que consideraba exiliados a todos los que salieron de España entre 1936 y 1955. La resolución mantiene la posibilidad de votar si se acredita que los ascendientes sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o relacionadas con la orientación o identidad sexual. El Español señala que esa acreditación requiere un certificado consular.

El siguiente paso del Ejecutivo está todavía en estudio. Según El Español, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que la Abogacía analizará si cabe recurrir ante el Constitucional. El Mundo añade que fuentes gubernamentales y jurídicas ven dificultades para que el Estado presente directamente un recurso de amparo y consideran la posibilidad de que lo haga alguno de los ciudadanos afectados.

Esa vía también tiene trámites pendientes. El Supremo ha acordado emplazar con urgencia a los afectados para que puedan personarse en el procedimiento. Según explica El Mundo, antes de acudir al Constitucional tendrían que agotar las posibilidades de recurso dentro del propio Supremo. El calendario electoral condiciona así cualquier intento de modificar la situación antes del 29 de noviembre.

La decisión ha provocado críticas del Gobierno. Según El Mundo, Pedro Sánchez defendió durante la recepción de la Fiesta Nacional que no puede haber ciudadanos con distintos derechos y señaló como responsables políticos a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Esa valoración del presidente contrasta con el argumento del Supremo, que fundamenta la cautelar en las garantías de exactitud y transparencia del censo.