El Supremo reclama unos 647.000 euros a Ábalos, Koldo García y Aldama y fija 15 días para el pago

La decisión de la Sala Penal activa el cumplimiento de las obligaciones económicas impuestas a los tres condenados, según informan La Vanguardia y El Español. El tribunal concede un plazo de 15 días para realizar los pagos y advierte de que, si no se abonan las multas y las indemnizaciones, recurrirá a la vía de apremio. El Español explica que ese procedimiento permite localizar y embargar bienes de los condenados.

Las multas individuales ascienden a 52.500 euros para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, 45.750 euros para su exasesor Koldo García y 75.000 euros para el empresario Víctor de Aldama. A estas cantidades se añade el decomiso de 430.298 euros que la sentencia identifica como beneficios procedentes del delito de cohecho.

Según recoge La Vanguardia del auto, los tres condenados se beneficiaron de esas ganancias y Aldama se encargaba de repartirlas. La Sala establece una responsabilidad solidaria para el decomiso: los tres responden hasta cubrir el conjunto de los beneficios fijados en la sentencia, sin que se establezca en este requerimiento un reparto individual de esa cantidad.

Ábalos y García también deben indemnizar conjunta y solidariamente a INECO con 34.450 euros y a Tragsatec con 9.500,54 euros. El Español vincula estas responsabilidades civiles a la contratación irregular de la entonces pareja del exministro por ambas empresas públicas. Estas indemnizaciones forman parte de las obligaciones cuyo pago reclama ahora el tribunal.

La ejecución comprende además el cálculo del cumplimiento de las penas de prisión de Ábalos y García. De acuerdo con La Vanguardia, el auto ordena practicar las correspondientes liquidaciones de condena teniendo en cuenta los máximos establecidos en la sentencia: 15 años y 18 meses para el exministro y 15 años para su exasesor.

En el caso de Aldama, el tribunal exige comparecencias semestrales desde la notificación del auto para informar sobre sus actividades laborales, mercantiles o empresariales. También le requiere que acuda a la Secretaría Cuarta de la Sala en 15 días para ratificar su consentimiento a realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Según La Vanguardia, ambas condiciones están vinculadas a la suspensión de sus penas de prisión.