El Tribunal de Cuentas impulsa una investigación por la compra de un ático de 6,3 millones en Madrid

La resolución acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga el nombramiento de un delegado instructor, según informa Europa Press, que ha tenido acceso al auto. La investigación deberá determinar si las presuntas irregularidades pueden generar responsabilidad contable. La decisión permite continuar las indagaciones, pero no establece que se haya producido un daño a las arcas públicas.

Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, formalizó la compra el 14 de abril de 2026 por 6,3 millones de euros. El inmueble está situado en la última planta del número 35 de la calle General Martínez Campos, en el barrio madrileño de Chamberí. Según Europa Press, tiene uso residencial y una superficie aproximada de 485 metros cuadrados, de los que unos 199 corresponden a la terraza.

Uno de los aspectos que señala el tribunal es la ausencia de una justificación previa de la necesidad de adquirir la vivienda. Según elDiario.es, el auto sitúa esa declaración el 2 de julio de 2026, después de que la compra ya estuviera formalizada en escritura pública. Europa Press añade que tampoco constaba inicialmente un encargo formal de la Comunidad de Madrid para realizar la operación.

Las denuncias, presentadas por Más Madrid y varios particulares, cuestionan la vinculación de la adquisición con los fines públicos de la empresa. También sostienen que el precio habría superado el valor de mercado y ponen en duda las condiciones del inmueble para el uso administrativo o institucional alegado posteriormente, recoge Europa Press. Estas cuestiones forman parte de los hechos pendientes de investigar.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defendió que la compra respetaba la legalidad y encajaba en los estatutos y competencias de Planifica Madrid, según elDiario.es. También negó que supusiera un deterioro económico para las arcas públicas. Tanto la Comunidad como la empresa pública habían solicitado el archivo de las actuaciones.

El tribunal considera, sin embargo, que existen elementos suficientes para no descartar un posible perjuicio económico. Además de la secuencia de los documentos, cuestiona la adecuación de una vivienda de estas características para actividades administrativas y de gobierno. El siguiente paso será la propuesta de nombramiento del delegado instructor encargado de esclarecer la operación.