La Abogacía del Estado se opone a suspender el voto a los hijos de nacionalizados por la ley de nietos

La Abogacía del Estado ha presentado dos escritos ante el Tribunal Supremo contra la petición de suspender el voto a los hijos de personas nacionalizadas mediante la conocida como ley de nietos, según informó Cadena SER el 3 de noviembre. Los servicios jurídicos del Gobierno sostienen que esta solicitud rebasa el objeto del procedimiento, porque la suspensión del sufragio de los descendientes no formaba parte del proceso.

La petición busca ampliar unas medidas cautelares ya adoptadas. Según COPE, el Supremo había suspendido provisionalmente el derecho a voto de los nacionalizados que no pudieron acreditar mediante documentos el exilio de sus ascendientes. Vox e Iustitia Europa solicitan que esa restricción alcance también a los hijos que obtuvieron la nacionalidad a través de sus progenitores. Iustitia Europa argumenta que una nacionalidad cuya adquisición esté pendiente de comprobación puede extender sus efectos sobre el censo y las elecciones.

Frente a esa posición, la Abogacía recuerda que no existe una sentencia firme que establezca que los afectados obtuvieron la nacionalidad de manera irregular, según recoge la SER. Por ello, rechaza trasladar esa presunción a sus descendientes. También sostiene que, si los recurrentes cuestionan la ley, la vía para impugnarla es el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Los plazos constituyen otro de los argumentos de los servicios jurídicos del Gobierno. Los escritos consideran imposible identificar a las personas afectadas antes del 29 de noviembre. Como antecedente, señalan que localizar a los nacionalizados mediante la ley y la instrucción que la desarrolla requirió un mes y medio de trabajo continuado. La Abogacía advierte de que ampliar la suspensión afectaría al derecho al sufragio y añadiría incertidumbre al proceso electoral.

COPE aporta que uno de los escritos, de 32 páginas, menciona el trabajo de los consulados para ejecutar las órdenes del Supremo. El documento alerta además de posibles consecuencias para el escrutinio final, al poder existir votos ya emitidos todavía pendientes de cómputo. La Abogacía solicita asimismo que las acusaciones asuman las costas del proceso.

Los afectados personados individualmente o mediante asociaciones piden, por su parte, que se anulen las medidas cautelares que ya les impiden votar, según COPE. En la información publicada el 3 de noviembre, el Supremo seguía examinando las alegaciones antes de resolver sobre la ampliación. La oposición de la Abogacía es, por tanto, una posición presentada en el procedimiento, no una decisión del tribunal.