La CNMC avala que Telefónica deje de ser el operador obligado del servicio universal

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respalda el proyecto elaborado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, según la información publicada por La Vanguardia el 5 de noviembre. La propuesta considera que las ofertas comerciales ya proporcionan ambos servicios de forma generalizada y que, por tanto, no es necesario mantener a Telefónica como operador designado para asegurar su prestación. El pronunciamiento del regulador es un informe favorable sobre ese proyecto de orden.

El cambio afecta a quién tiene la obligación específica de garantizar el servicio, pero no elimina el servicio universal. Este protege el acceso de los ciudadanos a determinadas comunicaciones básicas, vivan donde vivan, con una calidad adecuada y un precio asequible. La Ley General de Telecomunicaciones permite retirar la designación de un operador cuando el mercado cubre esas necesidades en condiciones adecuadas.

Para respaldar la propuesta, la CNMC se apoya en la evolución de las telecomunicaciones en España. El organismo ya había señalado en informes anteriores la extensión de las redes fijas y móviles, la existencia de alternativas por satélite y la contribución de los programas públicos al despliegue de infraestructuras digitales. A su juicio, ese escenario permite dejar de imponer una obligación específica de servicio público a una compañía.

Para los usuarios vulnerables, la legislación mantiene la obligación de que los operadores de acceso fijo a internet y telefonía fija ofrezcan condiciones adaptadas. Además, el proyecto contempla conservar el abono social para sus actuales beneficiarios. La retirada de la designación de Telefónica no supondría, por tanto, el fin de esos mecanismos de apoyo.

La CNMC pide seguir vigilando que todos los consumidores puedan acceder a los servicios, con independencia de su ubicación. Si el mercado dejara de garantizarlos, la normativa permite volver a licitar su prestación o imponer esa obligación a un operador.

El regulador también señala que el nuevo Reglamento de servicio universal debe aprobarse antes del 31 de diciembre de 2026. Considera esa norma necesaria para aplicar correctamente el nuevo marco regulatorio.