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Diario de Valdemoro

España

La CNMC propone que el suelo sin protección pueda ser urbanizable para ampliar la oferta de vivienda

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Juan José Ganuza, planteó el 5 de noviembre convertir en urbanizables los terrenos que no estén protegidos. La propuesta busca facilitar la construcción de viviendas y reducir los obstáculos administrativos que retrasan nuevos desarrollos.

Redacción automática · Diario de Valdemoro

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(La Vanguardia · Portada)
Imagen ilustrativa: Vista a pie de calle de terrenos sin edificar junto a bloques residenciales y una promoción en construcción, con grúas al fondo, sin personas ni texto.
Imagen ilustrativa generada con IA

Según informa La Vanguardia, Ganuza expuso esta iniciativa durante la presentación de un estudio de la CNMC sobre la transformación de suelo para vivienda. El organismo identifica la disponibilidad de terrenos como uno de los principales obstáculos para aumentar la oferta residencial. Se trata de una propuesta del regulador para el debate sobre urbanismo y acceso a la vivienda, no de un cambio normativo aprobado.

El diagnóstico distingue entre dos situaciones. En algunas ciudades falta espacio físico para construir más inmuebles; en otras localizaciones, las limitaciones están relacionadas con las reglas y los procedimientos necesarios para transformar el suelo. Es en este segundo ámbito donde la CNMC plantea reducir barreras regulatorias e institucionales y acelerar la tramitación.

El suelo puede suponer hasta el 45% del precio final de una vivienda, según recordó el organismo. Competencia sostiene que unos procesos urbanísticos más eficientes podrían reducir costes, acortar los plazos de construcción y ampliar tanto la oferta de vivienda libre como la social. Son los efectos que el regulador vincula a sus propuestas, no resultados ya alcanzados.

Entre los problemas señalados figura la definición detallada de qué terrenos pueden urbanizarse y qué usos admiten. A juicio de la CNMC, esa rigidez dificulta adaptar el planeamiento a los cambios en la demanda de vivienda y de otras actividades económicas. El organismo considera que España tiene una regulación del uso del suelo de las más restrictivas de su entorno en la OCDE.

El estudio también apunta a la inseguridad jurídica y a la lentitud administrativa. La anulación de planes por fallos administrativos, las dificultades para modificarlos y la acumulación de documentación pueden retrasar o bloquear promociones. Ganuza expresó su intención de que el estudio contribuya al debate público sobre cómo facilitar suelo para construir y mejorar el acceso a la vivienda.

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