La Comunidad lleva a la Fiscalía presuntas amenazas a Ayuso en la acampada de Sol

La denuncia, presentada el miércoles ante la Fiscalía Provincial, recoge cánticos, pancartas y pintadas que el Ejecutivo autonómico considera amenazantes u ofensivos contra la presidenta regional. Según la información del Gobierno madrileño recogida por Telecinco y laSexta, incluye fotografías de mensajes que desean su muerte o incitan a incendiar su vivienda. La Comunidad pide que se investiguen los hechos y se determinen las posibles responsabilidades penales.

La Abogacía General de la Comunidad considera que los hechos podrían constituir delitos de amenazas, injurias graves con publicidad, odio y daños. Entre las diligencias solicitadas figuran el acceso y la conservación inmediata de las imágenes de las cámaras de la plaza y de establecimientos próximos, además de la recopilación de los partes de intervención policial. Estas calificaciones forman parte de la denuncia del Ejecutivo regional.

El escrito también incorpora daños denunciados en la estatua del Oso y el Madroño, la fachada de la Real Casa de Correos y la estatua ecuestre de Carlos III. Los dos primeros elementos están protegidos como bienes de interés cultural. Asimismo, señala desperfectos en alumbrado, farolas, marquesinas y pavimento, con costes de reparación y limpieza. El Gobierno autonómico sostiene que los daños y los mensajes continuaban cuando presentó la denuncia.

Uno de los episodios descritos ocurrió el 30 de septiembre, en torno a las 23.00 horas. Según el relato del Ejecutivo regional, varias personas proyectaron sobre la fachada de la Real Casa de Correos una imagen del rostro de Ayuso tachado con una línea roja y un mensaje insultante dirigido a ella y a Almeida. La Comunidad solicita utilizar las cámaras para identificar a los participantes.

La actuación ante la Fiscalía se suma al conflicto sobre el desalojo de la protesta, instalada el 26 de septiembre. Según Telecinco, el Gobierno regional reclamó su retirada, mientras que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, defendió que su actuación era adecuada y que la movilización se encuadraba en el derecho de reunión.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas cautelarísimas y cautelares solicitadas por la Comunidad para forzar el desalojo; el último auto citado es del 7 de octubre. Según Telecinco, los magistrados no entraron en el fondo y consideraron que no se había acreditado la inactividad administrativa de la Delegación. El Ejecutivo regional ha recurrido la denegación de las cautelares.

El conflicto tiene también una vertiente política. Según El País, el PSOE ha dejado a Martín fuera de sus listas madrileñas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre. El periódico informa de que Vox ha anunciado una querella contra el delegado por permitir la acampada y de que el PP estudia acciones judiciales.