La Comunidad pide levantar la acampada de Sol por su posible efecto en una evacuación de la estación

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha trasladado la solicitud por carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. En ella sostiene que la ocupación de parte de la plaza puede comprometer la seguridad y el funcionamiento de la estación si se produce una emergencia. La advertencia se refiere a las condiciones de una eventual evacuación.

El informe de Metro que acompaña a la carta señala que la presencia del campamento en los accesos podría dificultar tanto la salida de los usuarios como la actuación de los equipos de emergencia. Rodrigo pide al delegado que adopte las medidas que considere necesarias para garantizar la seguridad y plantea el levantamiento de la acampada como respuesta a ese riesgo.

La preocupación expuesta por Transportes afecta a un intercambiador en el que confluyen Metro y Cercanías Renfe, conectados mediante vestíbulos por los que pasan miles de viajeros cada día. Sol presta servicio a las líneas 1, 2 y 3 de Metro y a las líneas C-3 y C-4 de Cercanías, según detalla El Economista, con conexiones hacia destinos como Atocha, Chamartín y Aranjuez.

La acampada permanece en la plaza desde el 26 de septiembre, tras el desahucio de Maricamen Abascal, según El Economista. Este medio también recoge que, desde su instalación, los accesos a la estación han cerrado en varias ocasiones, principalmente a primera hora de la noche y durante los fines de semana. Esos cierres se produjeron a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para preservar la seguridad en el exterior.

La carta de Transportes se suma a otras iniciativas del Gobierno regional. Según La Razón, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, remitió previamente un requerimiento a la Delegación. Después, la Comunidad presentó un recurso contencioso-administrativo para intentar que el Gobierno actuara sobre la acampada.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas cautelarísimas y cautelares solicitadas, según La Razón. El tribunal consideró que no se había acreditado la inactividad de la Delegación y señaló que, en este tipo de procedimientos, debe transcurrir un plazo de tres meses para recurrir por inactividad. La nueva petición de Rodrigo dirige de nuevo a la Delegación la solicitud de intervenir, esta vez apoyada en el informe de seguridad de Metro.