La Fiscalía pide al Supremo que permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ el 29-N

El Ministerio Público ha presentado sus alegaciones después de que el Supremo concediera 48 horas a las partes para pronunciarse sobre el efecto del adelanto electoral en las medidas cautelares. El plazo terminó el jueves 8 de octubre. Según ABC, la Fiscalía plantea que la Sala valore no ejecutar la revisión del censo durante estos comicios; La Vanguardia y 20minutos presentan esa petición como una solicitud de levantar la suspensión cautelar del voto.

La revisión afecta a cerca de 170.000 expedientes de nacionalidad tramitados mediante una instrucción que desarrolla la denominada ‘ley de nietos’, según La Vanguardia. Las informaciones difieren al describir el alcance de la suspensión: este diario la presenta como una medida sobre todos los nacionalizados por esa vía, mientras que 20minutos precisa que las cautelares adoptadas en septiembre suspenden el voto y las nuevas inscripciones de quienes no hayan acreditado su condición de descendientes de exiliados.

El argumento de la Fiscalía se centra en cómo encaja la ejecución de esas medidas con el calendario electoral. El censo de referencia para las generales es el cerrado a 1 de agosto, con posibilidades limitadas de modificación. A la vez, el Ministerio Público advierte de que aplicar el auto puede provocar suspensiones sucesivas de altas hasta las elecciones e incluso después. Por ello, considera que el adelanto electoral puede haber cambiado el equilibrio de intereses que debe valorar el tribunal.

La Fiscalía también solicita que las personas afectadas puedan personarse en el procedimiento para defender sus intereses. Esta petición, recogida por los tres medios, acompaña a la propuesta de detener la revisión durante el proceso electoral. La decisión sobre el mantenimiento o el levantamiento de las cautelares corresponde todavía al Supremo.

La Abogacía del Estado ya había pedido revocar las medidas por considerar materialmente imposible comprobar los expedientes uno a uno. Según La Vanguardia, los servicios jurídicos del Estado habían advertido de esa dificultad cuando el horizonte para certificarlos era el 1 de enero de 2027. El adelanto obliga a acortar ese plazo al lunes 12 de octubre, lo que, a su juicio, agrava la imposibilidad de completar la revisión.

Por su parte, Iustitia Europa, uno de los demandantes, ha solicitado el 9 de octubre que se suspendan las elecciones durante el tiempo constitucionalmente disponible necesario para ejecutar las cautelares, según La Vanguardia. Ese mismo medio sitúa la resolución prevista del Supremo este fin de semana, antes del cierre del censo señalado para el lunes 12.