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Diario de Valdemoro

Sucesos

La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años para el coronel en el juicio por las muestras de la licitación de fusiles de 2019

La Fiscalía ha mantenido este miércoles, 14 de octubre, su petición de cuatro años de prisión para el coronel acusado de falsificación documental en la licitación de 8.250 fusiles de 2019, con hechos situados en Valdemoro. Según EFE, también solicita 18 meses para cada uno de los otros dos procesados. Los tres niegan haber cometido el delito y sus defensas han pedido la absolución.

Redacción automática · Diario de Valdemoro

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(Cadena SER (vía Google News · Valdemoro sucesos y seguridad))
Imagen ilustrativa: Pasillo de un edificio judicial con puertas de salas de vistas, sin personas ni documentos identificables.
Imagen ilustrativa generada con IA

La segunda jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid ha incluido las declaraciones de los acusados y el informe del fiscal. La Abogacía del Estado ejerce también la acusación en representación de la Guardia Civil. Según EFE, la Fiscalía sostiene que se utilizaron cinco fusiles del cuerpo para simular la entrega de muestras de la única empresa que concurría al concurso y evitar que quedara desierto.

La gerente de Uniformidad y Suministro de Protección SL ha explicado que las muestras no podían llegar dentro del plazo porque no daba tiempo a obtener las licencias de importación desde Alemania. Según su declaración, comunicó el problema al coronel y este propuso emplear fusiles idénticos que la empresa tenía depositados en dependencias de la Guardia Civil tras otros concursos. La acusada ha añadido que, cuando supo que las armas presentadas pertenecían al cuerpo, desistió de la licitación. Según su relato, el concurso quedó finalmente desierto.

El otro procesado ha afirmado que actuó siguiendo instrucciones de su jefa y que, en dependencias de la Guardia Civil, un agente le indicó dónde colocar las etiquetas de la empresa. Según Cadena SER, relató que repitió la operación con las cinco muestras y situó al coronel junto a las cajas, sujetando una de ellas. También aseguró que desconocía que las armas pertenecieran al cuerpo. EFE lo presenta inicialmente como empleado, aunque después lo denomina administrador; las crónicas de SER también discrepan, pues la primera lo identificó como teniente coronel y la segunda como trabajador de USP.

El coronel ha negado haber ordenado utilizar fusiles del almacén como muestras o cometer irregularidad alguna. Según EFE, ha declarado que una agente elaboró el recibo de entrega que él firmó sin advertirle de ningún problema. En la información de SER también rechazó que la gerente le hubiera comunicado que las muestras no habían llegado y sostuvo que no se fijó en si las pegatinas ocultaban el distintivo de la Guardia Civil.

La versión de la Fiscalía sitúa el acuerdo investigado en una reunión del 18 de septiembre de 2019 en el Complejo de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro. El fiscal sostiene que la gerente y el coronel acordaron utilizar armas de la Guardia Civil tras modificar sus identificadores. También atribuye al mando la orden de redactar un recibo pese a que la empresa no había entregado el material.

En la primera sesión, el instructor de Asuntos Internos ratificó que los cinco fusiles pertenecían a la Guardia Civil. La defensa aportó expedientes de contratación, un correo del 6 de noviembre de 2019 sobre la disponibilidad de las muestras para su envío y un informe pericial sobre las condiciones técnicas.

La licitación, anunciada en el BOE el 11 de septiembre de 2019, buscaba adquirir al menos 8.250 fusiles para distintas unidades. Exigía cinco muestras idénticas al modelo ofertado y, según EFE, fijaba el 30 de septiembre como límite para presentarlas. La acusación sostiene que la empresa registró su oferta el día 27 acompañada del recibo firmado por el coronel.

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