La jubilación anticipada se amplía al personal de empresas ferroviarias de la red de interés general

La ampliación alcanza a empresas ferroviarias nacionales e internacionales, entre ellas operadoras y compañías dedicadas al transporte de mercancías. Sus trabajadores se incorporan así al sistema que permite reducir la edad ordinaria de jubilación en determinadas actividades del Régimen General de la Seguridad Social. El adelanto puede ser de meses o años y está vinculado a las condiciones reconocidas para cada actividad.

Este mecanismo está previsto para trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre que presenten elevados índices de enfermedad o mortalidad. Para acogerse a él, los trabajadores tienen que acreditar el mínimo de actividad exigido en cada caso. No existe una misma edad de retiro para todos los colectivos incluidos: las condiciones varían según la profesión y los acuerdos alcanzados con la Seguridad Social.

Como regla general, la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación no permite retirarse antes de los 52 años. Hay una excepción para trabajadores de los regímenes especiales de la Minería del Carbón y del Mar que ya tuvieran reconocidos esos coeficientes en enero de 2008. Por tanto, pertenecer a uno de los sectores incluidos no supone que todos sus empleados puedan jubilarse a esa edad.

El sistema comenzó con los trabajadores mineros y se ha ampliado a otros grupos. ABC recoge entre ellos al personal de vuelo de trabajos aéreos, artistas profesionales, profesionales taurinos y bomberos de administraciones y organismos públicos. También incluye a policías locales, miembros de la Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra, además de agentes forestales y medioambientales de las administraciones públicas.

Otros sectores siguen pendientes de autorización. Según ABC, la construcción, con más de un millón de empleados acogidos a su convenio, fue la primera en solicitar su incorporación, a petición de CC.OO. y UGT. También esperan los transportistas, con casi medio millón de trabajadores, así como empleadas de hogar y ayuda a domicilio, conductores de autobús, taxistas y personal de asistencia en tierra de los aeropuertos. Estas incorporaciones no son automáticas: dependen de las negociaciones entre sindicatos y empresarios y de un acuerdo que la Seguridad Social eleve después al Consejo de Ministros.