La nueva ley de la Abogacía General exige diez años de experiencia a su titular y separa asesoramiento y litigios

La aprobación fue comunicada por la Comunidad de Madrid el 5 de noviembre. La reforma afecta a la organización jurídica de la Administración regional y al Cuerpo de Letrados, integrado actualmente por más de 80 juristas. Según el Gobierno autonómico, el texto busca adaptar estos servicios a las necesidades actuales de la Administración y reforzar su independencia y su carácter técnico.

Uno de los cambios se refiere a los requisitos para ocupar el puesto de Abogado General. Su titular deberá pertenecer a un cuerpo de letrados de las Administraciones públicas, preferentemente al de la Comunidad de Madrid, y acreditar al menos diez años de experiencia. La nueva regulación fija así tanto la procedencia profesional como la trayectoria exigida para asumir la dirección del órgano.

La estructura distinguirá entre el asesoramiento jurídico a la Administración y la representación y defensa de los intereses públicos ante los tribunales. Estas tareas se organizarán mediante dos direcciones: la de Asesoramiento Jurídico y la de Litigios. La separación de ambas funciones constituye uno de los cambios organizativos previstos en el texto aprobado.

La ley también contempla una Secretaría Técnica de apoyo a la Abogacía General. Entre sus cometidos estarán la coordinación y elaboración de estudios especializados, la formación de los letrados y el impulso de la digitalización. Este órgano se incorpora a la estructura prevista para dar soporte al trabajo de los servicios jurídicos autonómicos.

Otro apartado modifica el sistema de informes jurídicos, precisa su contenido y los distingue de las consultas. La regulación amplía el uso de estas últimas por los órganos de la Administración regional. Además, recoge la regulación del Cuerpo de Letrados con el objetivo declarado de preservar su cualificación, independencia e imparcialidad.