La oferta de alquiler cae un 44% desde 2018, según datos de Idealista recogidos por ABC

La reducción de la oferta centra ambos análisis sobre las dificultades para acceder a una vivienda. ABC sitúa en 120.000 los inmuebles que han salido del mercado del alquiler desde la ley de Vivienda de 2023. El diario también señala la expansión del alojamiento turístico, al que atribuye hasta 400.000 viviendas en España, y el crecimiento de la población como factores que presionan un mercado con menos pisos disponibles para arrendamientos de larga duración.

Según el balance de Fedea que recoge ABC, la regulación ha contenido las subidas de las rentas allí donde se ha aplicado, pero ha coincidido con una reducción de la oferta. El análisis sitúa el aumento de los alquileres en Barcelona en el 5,7%, frente al 8,5% de Madrid y el 10,8% nacional. En el periodo de dos años examinado, la oferta habría disminuido un 22% en Barcelona y un 20,5% en Cataluña, mientras que en Madrid creció un 3,9%.

Para quienes buscan piso, esa menor disponibilidad se traduce en competencia entre candidatos. ABC cifra en 462 los aspirantes por cada vivienda anunciada en Barcelona y en 103 los de Madrid. El periódico vincula la retirada de propietarios con la incertidumbre regulatoria y recoge las críticas del director de Estudios Financieros de Funcas, Francisco Rodríguez, a la acumulación de intervenciones sobre el alquiler.

En El Español, Galindo sostiene que España acumula un déficit cercano a las 200.000 viviendas anuales. Su planteamiento es ampliar la oferta tanto privada como pública, sin limitarla a una modalidad: alquiler, compraventa, vivienda protegida o social. Según su análisis, la escasez requiere que construyan tanto el mercado como las administraciones.

El sociólogo considera que las prórrogas obligatorias y los controles de precios pueden retraer a los propietarios. También advierte de que, cuando hay varios candidatos, los hogares con menos ingresos quedan en peor posición para conseguir un contrato. Entre las alternativas que plantea figuran un seguro público de alquileres, la reducción de trámites y una revisión de la Ley del Suelo; son propuestas del entrevistado, no medidas anunciadas.

El siguiente paso institucional afecta a los últimos decretos del Gobierno, pendientes de ratificación por la Diputación Permanente, según ABC. Su continuidad queda así pendiente de esa decisión, mientras los análisis publicados sitúan el debate en cómo proteger a los inquilinos sin reducir las viviendas disponibles.