Las 11 plazas médicas de la prisión de Valdemoro figuran vacantes en la plantilla del 1 de octubre

Los datos de plantilla, recogidos por EL PAÍS, sitúan en 56 las plazas médicas vacantes de las 74 previstas en los siete centros penitenciarios ordinarios de la Comunidad de Madrid: aproximadamente el 76% del total. En Madrid III, los 11 puestos médicos que recoge esa relación están sin cubrir.

La denuncia sindical vincula estas carencias con la atención a la población reclusa y con la seguridad de quienes trabajan en las prisiones. CSIF sostiene que la falta de profesionales dificulta prevenir situaciones de riesgo y puede favorecer las agresiones a los empleados penitenciarios. Se trata de la valoración que la organización hace de las consecuencias de las vacantes.

Sergio García, responsable de prisiones de CSIF, reclama reforzar la sanidad penitenciaria madrileña. Además de los puestos de médicos, señala la necesidad de ampliar las plantillas de enfermería, auxiliares de enfermería y profesionales especializados en salud mental.

El sindicato recuerda como antecedente la agresión ocurrida el pasado 29 de septiembre en Soto del Real. Dos funcionarios resultaron lesionados por un interno con patologías psiquiátricas en el módulo de enfermería. Ese episodio se produjo en otra prisión madrileña, no en el centro de Valdemoro.

El desglose de la plantilla muestra también vacantes en el resto de centros. En Alcalá-Meco están sin cubrir siete de las ocho plazas de medicina general y las tres de especialidades. En Navalcarnero faltan por cubrir cinco de ocho puestos, mientras que Soto del Real tiene ocupadas tres de sus ocho plazas de médico general.

En Estremera figuran vacantes seis de las ocho plazas médicas; en Aranjuez, cuatro de ocho. En Madrid I están cubiertas tres de las seis plazas. Estas cifras corresponden a la relación de puestos actualizada el 1 de octubre, sobre la que CSIF apoya su alerta.

EL PAÍS recuerda que, en un reportaje anterior, fuentes de Instituciones Penitenciarias reconocieron el problema. Atribuyeron las dificultades a la escasez general de médicos y a la falta de transferencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, y señalaron la obligación de garantizar la atención sanitaria a la población reclusa.