Los robotaxis preparan su llegada a Madrid sin una normativa que permita el servicio comercial

Los anuncios de las tres compañías sitúan a Madrid entre las ciudades europeas elegidas para desplegar vehículos autónomos, pero los permisos para experimentar no equivalen a una autorización comercial. La Vanguardia explica que la habilitación de la DGT permite realizar las pruebas y la autonómica incorpora el transporte de pasajeros al experimento. Para los usuarios, la diferencia es que los calendarios anunciados siguen sujetos a un marco regulatorio que todavía no permite prestar el servicio comercial planteado.

Waymo, la compañía de vehículos autónomos de Google, ha anunciado su intención de recibir a sus primeros usuarios en 2027. Su proyecto contempla 16 vehículos eléctricos Jaguar I-Pace y una secuencia de fases que comienza con conducción manual y continúa con validaciones técnicas. Las pruebas cuentan con autorización de la Comunidad de Madrid y de la DGT y se desarrollarán en vías públicas de barrios de la capital, Alcobendas y Getafe.

Uber había anunciado en junio, junto con WeRide y Avomo, la división de vehículos autónomos de Moove Cars, un primer servicio de taxis autónomos en Madrid para finales de 2026. Según el diario, una flota inicial de 20 furgonetas GXR ya circula por Hortaleza y Arturo Soria. Bolt, por su parte, ha situado su despliegue en 2027, con coches eléctricos Lucid equipados con software de Nvidia.

España dispone desde junio de 2025 de un marco para ensayos de conducción de nivel 4, prácticamente autónoma. El barómetro de la asociación de fabricantes Anfac recoge diez pruebas autorizadas en entornos cerrados desde entonces. La Comunidad de Madrid también ha aprobado un proyecto experimental de dos años, prorrogable, que permite transportar viajeros mediante una habilitación específica, siempre dentro de las condiciones del piloto.

El paso a una actividad comercial requiere superar varios trámites. La información de La Vanguardia señala primero la homologación europea, que debe acreditar un funcionamiento seguro en condiciones delimitadas de vías, velocidad, zona y meteorología. Después, el vehículo debe encajar en las exigencias españolas de matriculación, seguros, responsabilidad civil, ciberseguridad y protección de datos.

Queda además el encaje en el transporte de viajeros: cobrar por trayecto exige una licencia municipal de taxi para servicios urbanos o una autorización de transporte en vehículos de turismo para los interurbanos. Según explica al diario Javier Goicoetxea, consejero delegado de Next Mobility, también falta concretar el reparto de responsabilidades entre fabricante, operador y plataforma tecnológica. Los anuncios empresariales avanzan, por tanto, mientras siguen pendientes las reglas para operar fuera de las pruebas.