Madrid queda fuera del reparto de 180 millones para vivienda y anuncia un recurso al Supremo

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un real decreto para distribuir 180 millones de euros entre cinco comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. Según la información recogida por PressDigital y Última Hora, esta dotación extraordinaria busca aumentar la oferta de vivienda asequible y reducir los precios del alquiler. Madrid queda fuera de este reparto.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la medida. El Gobierno autonómico considera que la distribución es discriminatoria y perjudica los intereses de los madrileños. El anuncio abre una vía de impugnación del reparto, mientras la discrepancia política se centra en el requisito de haber declarado zonas tensionadas para acceder a estos recursos.

El PSOE-M responsabiliza a la presidenta regional de que Madrid no reciba esta financiación. Su secretario de Vivienda, Pablo Torres, sostiene que la negativa a aplicar la Ley de Vivienda y a declarar zonas tensionadas impide acceder a fondos para facilitar el acceso a una vivienda. Los socialistas rechazan así el argumento del Gobierno autonómico y sitúan la causa de la exclusión en la política regional.

Torres ha señalado que esos recursos podrían haberse destinado a construir vivienda pública, adquirir inmuebles y establecer coberturas frente al impago para pequeños propietarios que alquilen a familias vulnerables. Se trata de los usos que el dirigente socialista plantea para una financiación que la Comunidad de Madrid no percibirá dentro de esta partida.

El reparto anunciado alcanza a 317 municipios. Cataluña recibirá 119,4 millones para 271 localidades; Euskadi, 31 millones para 18; Navarra, 13,3 millones para 21; Galicia, 10,2 millones para dos; y Asturias, 5,9 millones para cinco municipios.

Las ayudas permiten financiar la promoción y rehabilitación de viviendas, alojamientos alternativos para alquiler asequible o social y la compra de inmuebles. También contemplan la adquisición de suelo con edificabilidad residencial, su desarrollo y urbanización para vivienda, y coberturas por impago de contratos de arrendamiento. La controversia afecta, por tanto, a recursos destinados tanto a ampliar la oferta residencial como a respaldar determinados alquileres.