PP y Vox aprueban la nueva ley de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid

La aprobación, comunicada por la Comunidad de Madrid el 5 de noviembre, modifica la organización del órgano encargado de asesorar jurídicamente a la Administración regional y defender sus intereses ante los tribunales. El Gobierno autonómico presenta la reforma como una actualización de su funcionamiento y un refuerzo de su independencia. Su ámbito comprende también los asuntos judiciales en los que intervienen los organismos y entidades dependientes de la Comunidad.

Uno de los cambios afecta a los requisitos para ocupar la jefatura de la Abogacía General. Según la información del Ejecutivo regional, quien desempeñe el cargo deberá pertenecer a un cuerpo de letrados de las Administraciones públicas, preferentemente al de la Comunidad de Madrid, y acreditar al menos diez años de experiencia. La norma introduce así condiciones profesionales para la dirección de estos servicios.

La nueva estructura separa el asesoramiento jurídico de la representación y defensa ante los tribunales mediante dos direcciones: la de Asesoramiento Jurídico y la de Litigios. Esta distinción organiza las dos vertientes del trabajo del órgano: atender las cuestiones jurídicas de la Administración autonómica y actuar en los procedimientos judiciales que afectan a sus intereses.

El texto contempla además una Secretaría Técnica de apoyo a la Abogacía General. Entre sus cometidos figuran coordinar y elaborar estudios especializados, atender la formación de los letrados e impulsar la digitalización. También revisa el sistema de informes jurídicos, precisa su contenido y los distingue de las consultas, cuyo uso se amplía para los órganos de la Administración regional.

La regulación alcanza al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, formado actualmente por más de 80 juristas. El Ejecutivo autonómico señala que la ley busca preservar la cualificación profesional, el carácter técnico, la independencia y la imparcialidad de este personal. Los cambios se centran, por tanto, en los profesionales y órganos que prestan asesoramiento y defensa jurídica a la Administración.

El debate parlamentario también ha tenido una dimensión política. Según ABC, los grupos de izquierda han criticado lo que consideran un uso partidista de la Abogacía General por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y han rechazado la norma. PP y Vox han sumado sus votos para sacarla adelante.