Una jueza admite la querella contra Sofía Puente por presunta prevaricación con la ‘ley de nietos’

La magistrada Inmaculada Lova Ruiz ha acordado tramitar la querella por presunta prevaricación administrativa contra Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, procede admitir la denuncia de la asociación. El Mundo señala que la jueza aprecia que los hechos relatados podrían constituir ese delito, aunque todavía ha aplazado la decisión sobre las diligencias solicitadas.

El procedimiento se centra en la instrucción del 25 de octubre de 2022 que Puente firmó cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El texto interpretaba la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática conocida como ‘ley de nietos’, una vía de acceso a la nacionalidad española para descendientes de exiliados. Según El Mundo, la instrucción permitía presumir el exilio si se acreditaba que el familiar había salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Hazte Oír sostiene que ese criterio permitió conceder la nacionalidad sin acreditar el exilio en supuestos en los que la ley lo exigía. La asociación pide investigar la elaboración de la instrucción y recabar informes, comunicaciones internas y circulares enviadas a los consulados, recoge Europa Press. También solicita esclarecer el alcance de las concesiones y su repercusión sobre el censo electoral exterior.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el 9 de octubre que se inadmitiera la querella. Su argumento es que otra presentada en 2022 por la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica abordó hechos coincidentes y terminó archivada. Según Europa Press, el Ministerio Público considera que la firmeza de aquel archivo impide reabrir el procedimiento, sin entrar a valorar el fondo de la acusación.

Puente no ha sido llamada a declarar como investigada, según El Español. Entre las diligencias solicitadas figuran su declaración y las testificales de los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares. El Mundo indica que la magistrada decidirá después de que Hazte Oír deposite una fianza de 1.000 euros y se pronuncie sobre las alegaciones de la Fiscalía.

La controversia afecta a los criterios aplicados a descendientes de españoles que solicitaron la nacionalidad por esta vía y a su incorporación al censo electoral. En un procedimiento distinto, según El Mundo, el Tribunal Supremo está examinando la petición de nulidad de la instrucción, donde también se ha cuestionado el derecho a voto de quienes obtuvieron la nacionalidad a su amparo.